¿Es el pasaporte de inmunidad una opción adecuada para la estrategia de desconfinamiento?

Serie | COVID-19 y estrategia de respuesta #9

07/05/2020

Este documento forma parte de una serie de notas de debate que abordan preguntas fundamentales sobre la COVID-19 y las estrategias de respuesta. Los trabajos han sido elaborados sobre la base de la mejor información científica disponible y pueden ser actualizados a medida que esta evolucione.

Este número, escrito por Denise Naniche, directora científica y Research Professor de ISGlobal, aborda el debate sobre los denominados pasaportes de inmunidad. Para ir disminuyendo gradualmente las medidas de aislamiento, algunos gobiernos han sugerido emitir certificados o pasaportes de inmunidad a las personas que den positivo en pruebas que detectan anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Se cree que esta estrategia puede ser útil para permitir que algunas personas puedan volver a sus actividades previas antes que otras. En vista que el conocimiento que hemos adquirido en los cuatro meses y medio desde el primer caso en Wuhan (China), y de la gran presión económica y social para un desconfinamiento con éxito, ¿pueden los pasaportes de inmunidad ayudar a guiar nuestro regreso a la normalidad?

La respuesta técnica y científica

Por un lado, las pruebas actuales contra el SARS-CoV-2 son muy nuevas y han mostrado altas tasas de falsos negativos y positivos. Si se usa para decidir sobre el acceso de las personas a ciertos derechos y empleos, esto podría, sin saberlo, colocar a una persona no inmune con un falso positivo en una posición vulnerable con riesgo para los demás.

Aún si tenemos una prueba muy precisa, ¿qué nos dirá un resultado positivo? Indicará la presencia de anticuerpos, pero puede ser que estos anticuerpos no confieran una inmunidad protectora. Hay muchos tipos de anticuerpos y no todos son protectores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe científico el 24 de abril de 2020 que estipulaba que “en este momento de la pandemia, no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un pasaporte de inmunidad o certificado libre de riesgos". Esto se basa en la afirmación de que “actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”.

La respuesta social y ética

Los defensores de los certificados argumentan que aquellas personas que tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2 podrían regresar al trabajo y ayudar a impulsar la economía. Teniendo en cuenta que la prevalencia de inmunidad contra el SARS-CoV-2 puede estar entre el 1% y el 20% dependiendo del área, esto se traduce en priorizar o privilegiar a una proporción muy pequeña de la fuerza laboral.

Incluso si la proporción fuera mayor, el certificado crearía una gran desigualdad al otorgar un privilegio inmunológico a unas pocas personas seleccionadas.

La discriminación mediante un certificado de inmunidad de la COVID-19 podría conducir a un estigma contra las personas no inmunes que serían calificadas como “no-empleables”. Se podría denegar el acceso a muchos servicios sobre la base de la discriminación inmunológica: seguro de vida, educación, aumentos salariales, promociones o solicitudes de visa. Las personas también podrían tratar de infectarse deliberadamente o falsificar certificados para volver a trabajar.

¿El certificado de inmunidad tiene lugar en una sociedad que lucha por la equidad?

Cuando se desarrolle una vacuna contra la COVID-19 y se demuestre que confiere inmunidad detectable, sí podemos imaginar que se entregue un certificado de inmunización. Las vacunas se consideran un bien público, provisto para el beneficio individual y colectivo y que lucha por la inmunoequidad en lugar del inmunoprivilegio.