Investigación

Más de 350 personas expertas multidisciplinares de más de 100 países llegan a un consenso sobre cómo acabar con la COVID-19 como amenaza para la salud pública

Un nuevo estudio mundial sobre COVID-19 ofrece recomendaciones prácticas para acabar con la amenaza para la salud pública sin agravar el coste socioeconómico ni poner en mayor riesgo a los más vulnerables

03.11.2022
COVID-19 response
Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

El SARS-CoV-2 sigue circulando entre nosotros. Aunque algunos gobiernos han pasado página, un nuevo estudio publicado hoy en la revista Nature afirma que siguen siendo necesarios esfuerzos y recursos específicos para salvar vidas. Este es uno de los seis temas principales de actuación identificados por un amplio grupo de personas expertas de diferentes disciplinas y más de 100 países para recomendar acciones que acaben con la COVID-19 como amenaza para la salud pública. Más de 180 organizaciones de 72 países ya han respaldado las conclusiones del estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa".  

Hasta octubre de 2022, se han registrado más de 630 millones de casos de COVID-19 y más de 6,5 millones de muertes (aunque el número real de muertes se ha estimado en más de 20 millones). Además, millones de pacientes con cáncer y enfermedades crónicas han sufrido peligrosos retrasos en la atención médica, y la COVID prolongada sigue sin tratamiento definitivo, lo que supone una amenaza constante para los supervivientes. Por otra parte, el virus también sigue acumulando mutaciones que pueden mejorar su capacidad para evadir la inmunidad previa. Por ello, un gran número de líderes de la salud pública, incluidos las y los autores de este estudio, consideran que la COVID-19 continúa siendo una peligrosa amenaza de salud global.

A pesar de notables avances científicos y médicos, la respuesta global a la COVID-19 se ha visto obstaculizada por factores políticos, sociales y de comportamiento más extensos, como la falsa información, las dudas sobre las vacunas, la falta de coordinación global y la desigual distribución de equipos, vacunas y tratamientos. "Cada país ha respondido de forma diferente, y a menudo inadecuada, lo que se debe en parte a una considerable falta de coordinación y de objetivos claros", afirma Jeffrey V Lazarus, jefe del Grupo de Investigación en Sistemas de Salud y co-director del programa de infecciones víricas y bacterianas en ISGlobal, Profesor Asociado en la Universidad de Barcelona, y coordinador del estudio.

Para llegar a un consenso global sobre cómo abordar estas cuestiones en el futuro, Lazarus y sus colegas llevaron a cabo un estudio Delphi -una metodología de investigación bien establecida que incita a los expertos a obtener un consenso sobre respuestas a preguntas de investigación complejas-. Un panel multidisciplinar de 386 personas expertas de los ámbitos académico, sanitario, de ONG, gubernamental y de otros ámbitos, procedentes de 112 países y territorios, participó en tres rondas de consultas estructuradas. El resultado es un conjunto de 41 declaraciones y 57 recomendaciones en seis áreas principales: comunicación, sistemas de salud, vacunación, prevención, tratamiento y atención, y desigualdades.

Tres de las recomendaciones con mayor prioridad fueron: i) adoptar un enfoque de “toda la sociedad” que implique a múltiples disciplinas, sectores y actores para evitar la fragmentación de los esfuerzos; ii) acciones de “todo el gobierno” (por ejemplo, coordinación entre ministerios) para identificar, revisar y abordar la resiliencia de los sistemas de salud y hacerlos más sensibles a las necesidades de las personas; y iii) mantener una estrategia “vacunas plus”, que combine la vacunación contra la COVID-19, otras medidas de prevención estructurales y de comportamiento, tratamientos, y medidas de apoyo económico. Las y los panelistas también dieron prioridad a recomendaciones para desarrollar tecnologías (vacunas, terapias y servicios) que puedan llegar a las poblaciones diana.

Otras recomendaciones que alcanzaron un acuerdo del 99% o más fueron: comunicar de manera eficaz con el público, recuperar la confianza pública y fomentar la participación de las comunidades en la gestión de la respuesta a la pandemia.

Sólo seis recomendaciones tuvieron más de un 5% de desacuerdo, entre ellas la que propone incentivos económicos para hacer frente a la indecisión sobre las vacunas o un enfoque basado en síntomas para diagnosticar la COVID-19 en entornos con poco acceso a las pruebas.

Las 57 recomendaciones están dirigidas a los gobiernos, los sistemas de salud, la industria y otros actores clave. "En la medida de lo posible, nuestros resultados hacen hincapié en recomendaciones de políticas sanitarias y sociales que pueden implementarse en meses, no en años, para ayudar a poner fin a esta amenaza para la salud pública", afirma Quique Bassat, profesor ICREA en ISGlobal, coautor del estudio, y miembro de la Universidad de Barcelona.

"Nuestro estudio se hace eco de algunas recomendaciones anteriores, como las del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta ante una Pandemia y el Plan 2022 de la OMS sobre Preparación Estratégica", añade Lazarus. "Pero lo que hace que este trabajo sea único es el gran número de expertos consultados, la amplia representación geográfica y el diseño del estudio, que hace hincapié en crear consenso y en identificar las áreas de desacuerdo. Puede resultar un modelo para definir respuestas a futuras emergencias sanitarias internacionales".

 

Referencia

Lazarus JV, Romero D, Kopka CJ, Karim SA, Abu Raddad LJ, Almeida G et al. A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat. Nature, 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05398-2