La prisión como determinante social de la salud

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los presos de las Naciones Unidas (1955) declaran que, además de la protección de la sociedad contra el crimen, el propósito y la justificación de una sentencia de prisión es la rehabilitación social de la persona delincuente.

Para garantizar que, después de su puesta en libertad, las personas presas no solo estén dispuestas, sino que también puedan llevar una vida respetuosa con la ley, debemos proporcionarles intervenciones adecuadas de atención médica.

A nivel mundial, incluyendo las que están en prisión preventiva, a la espera de un juicio, a las declaradas culpables y condenadas, son más de 10 millones de personas las que permanecen en cárceles. A pesar de las diferencias sustanciales entre los países, la mayoría de las y los presos son personas de un estatus socioeconómico bajo y de comunidades vulnerables, con una tendencia reciente que indica un aumento de migrantes y personas con antecedentes étnicos minoritarios. Además, dado que el abuso de drogas suele ir acompañado de conductas delictivas, las personas con trastornos por consumo de drogas (DUD, por sus siglas en inglés) forman una gran proporción de la población encarcelada.

Esta combinación compleja de determinantes estructurales y de factores relacionados con el comportamiento contribuye de manera desproporcionada a que se den amplias inequidades en salud en las población penitenciaria y aumenta la probabilidad de que las y los reclusos contraigan infecciones antes de ser puestos en libertad. La posibilidad de adquirir una enfermedad transmisible aumenta aun más durante el período en prisión.

La combinación compleja de determinantes estructurales y de factores relacionados con el comportamiento contribuye de manera desproporcionada a que se den amplias inequidades en salud entre las y los presos

Este aumento en el riesgo es atribuible principalmente a tres razones: primero, dentro de las estructuras de detención, hay una alta densidad de personas infectadas. En segundo lugar, los comportamientos nocivos de salud en las cárceles, como el consumo de tabaco, el uso de drogas inyectables, el hecho de compartir el material de inyección, las relaciones sexuales de alto riesgo, los tatuajes, las piercings y la violencia (con heridas y mezclas de sangre) son generalizados. Finalmente, la mayoría de los entornos penitenciarios, en los que se dan casos de desnutrición, hacinamiento, acceso limitado a los servicios básicos de salud y actitudes y prácticas inhumanas de los funcionarios de custodia hacia las y los presos, contribuyen a la empeoramiento del estado de salud de las personas.

El aumento de la prevalencia de enfermedades transmisibles entre las y los presos también puede constituir un riesgo para la salud de quienes trabajan en los centros penitenciarios y de la población en general. En la Unión Europea, el promedio de permanencia en la cárcel es de siete meses y más del 95% de las personas detenidas regresan a sus comunidades, por lo que es crucial prevenir o tratar sus infecciones.

Tras su liberación, las y los presos se enfrentan a problemas con la vivienda, el desempleo, el estigma social, la negligencia y una actitud cautelosa por parte de la sociedad civil. Un expreso que además tenga una enfermedad infecciosa llevará una doble carga de estigma. Por esto, un exrecluso enfermo tiene una mayor probabilidad de involucrarse en actividades delictivas y volver a entrar en la cárcel. Así, persiste un círculo vicioso, en el que las cárceles desempeñan un papel central. Awofeso afirma que la prisión en sí misma constituye un determinante social de la salud, ya que las cárceles aumentan las desigualdades en materia de salud entre las personas en contacto con el sistema de justicia penal y la comunidad en general.

Un expreso que además tenga una enfermedad infecciosa llevará una doble carga de estigma

Los entornos penitenciarios representan un desafío difícil y, a la vez, una oportunidad para abordar las necesidades complejas de las poblaciones vulnerables y desatendidas, con una atención médica adaptada y equitativa. Para hacer frente a la carga de enfermedades infecciosas en las cárceles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto un paquete integral de intervenciones. Desafortunadamente, a pesar de los numerosos estudios que confirman la efectividad de estas intervenciones para reducir la propagación y las consecuencias negativas de las enfermedades infecciosas, sigue existiendo una enorme brecha en la implementación de estos servicios en las cárceles.

Para abordar los problemas de salud en las prisiones, los sistemas de justicia penal y de salud pública deberían coordinarse y cooperar. Para evitar la reincidencia de los expresos, se les debería proporcionar una buena asistencia –dando acceso a servicios como vivienda, empleo, tratamiento y apoyo psicológico– para facilitar su reintegración en la comunidad. Además, para reducir los encarcelamientos en masa de personas particularmente vulnerables y marginadas y su exposición a infecciones potencialmente mortales en prisión, son cruciales las reformas legislativas para despenalizar el uso de drogas y los comportamientos sexuales.

Para abordar los problemas de salud en las prisiones, los sistemas de justicia penal y de salud pública deberían coordinarse y cooperar

La salud en las cárceles forma parte de la salud pública y las cárceles son parte de nuestra sociedad. Cuando un estado priva a las personas de su libertad, debe brindarles la mejor atención posible. El reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de las y los presos, como miembros de la sociedad, es un primer paso crucial para promover la implementación a gran escala de las intervenciones mencionadas anteriormente. Finalmente, a nivel sociopolítico, las sociedades más equitativas tienen mejor capacidad para abordar los determinantes sociales que llevan a las personas a la cárcel.