La impunidad de las empresas de extracción de gas y petróleo amenaza la Amazonía peruana

La extracción de gas y petróleo transforma la Amazonía peruana: las empresas del Norte global actúan con opacidad ante los impactos que generan mientras las comunidades locales sufren sus efectos ambientales y de salud.

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Acompañados de un equipo local de traductores, personal sanitario y conductores de embarcaciones, y con el apoyo de las federaciones indígenas locales, durante dos meses Guilherme Queiroz y yo hemos realizado trabajo de campo en las selvas del Bajo Urubamba, en Perú. Este trabajo se enmarca en el proyecto INDILEAD, que evalúa la exposición a metales tóxicos en comunidades indígenas de países tropicales. Es un proyecto liderado por ISGlobal, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Barcelona. Las imágenes, nombres y detalles del resto del equipo local se han limitado para garantizar su privacidad y seguridad.

Río Urubamba a su paso por Sepahua (Perú). Foto: Guilherme Queiroz.

Esta es una tierra alejada de los circuitos turísticos, bañada por ríos caudalosos que confluyen en un imponente Urubamba, que abandona los Andes para adentrarse en la planicie amazónica. Es una tierra, también, donde a simple vista las contradicciones del mundo contemporáneo chocan con la extraordinaria belleza de una selva en constante cambio.

Aquí se encuentra uno de los proyectos gasíferos más grandes de Latinoamérica, el Proyecto Camisea, financiado por el Banco Mundial bajo el pretexto de estimular el desarrollo local

Aquí se encuentra uno de los proyectos gasíferos más grandes de Latinoamérica, el Proyecto Camisea, financiado por el Banco Mundial bajo el pretexto de estimular el desarrollo local. Por sí solo, el complejo genera el 2% del PIB nacional.

Las dinámicas propias de este desarrollo industrial se mezclan con las actividades de los habitantes locales. Durante el día, pescadores artesanales trabajan con medios tradicionales en un río donde conviven con el ruido estridente de imponentes y modernas barcazas que transportan maquinaria pesada. Por la noche, el cielo se tiñe de rojo por el reflejo de las llamas de las antorchas de gas sobre las nubes que pasan sobre la selva.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: impacto de la industria petrolera en el bloque 8. Equipo de ISGlobal (Guilherme Queiroz y Guillem Rius) en el río Huitiricaya (Perú). Tapirus terrestris consumiendo sales de un pozo petrolero abandonado. Gasoducto inconcluso y abandonado sobre terrenos de caza en la Comunidad Nativa de Camaná (Perú). Pescador de la etnia Yine con su captura. Instalaciones de Repsol en la margen izquierda del río Urubamba (Perú). Fotos: Martí Orta, Guilherme Queiroz, Guillem Rius e imagen tomada de Orta-Martínez et al. (2018), con permiso de los autores.

El flujo constante de personas y materiales por aire, tierra y agua no da tregua. Personal externo cualificado, poco acostumbrado al clima húmedo y a los molestos mosquitos, mantiene sin descanso el funcionamiento de los numerosos pozos y la red de gasoductos que transportan el valioso combustible hacia la costa del Pacífico, y de allí a países lejanos como España. Cuando terminan sus turnos mensuales, regresan en helicópteros y vuelos chárter a las metrópolis donde viven.

¿Los ciudadanos más ricos de todo Perú?

Como os podéis imaginar, la extracción de gas ha transformado la fisonomía de esta región. Hoy, los habitantes de las comunidades del Bajo Urubamba son, sobre el papel, los ciudadanos más ricos de todo Perú. El PIB per cápita supera al de los barrios más adinerados de Lima. Y es cierto, son ricos, pero no de la forma occidental de valorarlo. Son ricos por vivir en un territorio —el suyo— que les provee alimentos gracias al conocimiento local y al respeto por la tierra y los ciclos naturales. También son ricos porque viven en un sistema comunal donde la propiedad privada tiene poca relevancia, y donde el capital humano se mide por el saber compartido, la cooperación y el respeto mutuo dentro de una familia que se extiende más allá de los lazos sanguíneos. El impacto de su modo de vida y conocimiento trasciende a una dimensión global, ya que sus prácticas y cosmovisión protegen ecosistemas frágiles y cruciales para la salud del planeta, y, por extensión, para la supervivencia de la humanidad misma.

Hemos sido testigos de la enorme complejidad social asociada a este tipo de actividades industriales, en zonas donde las principales actividades económicas se limitan a la agricultura, la pesca y la caza de subsistencia

A pesar de este rol, ante las administraciones, son ciudadanos de segunda, excluidos de los procesos políticos y legales sobre los asuntos de su territorio. Sus demandas son tan básicas como el acceso al agua corriente, electricidad y servicios de salud. Las negociaciones se eternizan y los años pasan sin que estos derechos lleguen.

Y ya hace años que se escuchan promesas de prosperidad y supuesto desarrollo. Los inicios del proyecto se remontan a los años 80, cuando la empresa británico-holandesa Shell comenzó a explorar gas en la zona. La llegada de colonos trajo enfermedades infecciosas y respiratorias, provocando la muerte del 50% de la población Nahua-Nanti durante el primer año de contacto. La posterior creación de la «Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros», de medio millón de hectáreas, para proteger a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, no impidió el desarrollo de pozos gasíferos en el corazón de la reserva ni la extensa red de gasoductos que los conecta.

Camisea, un caso representativo

Hoy, en Camisea operan principalmente dos empresas —Repsol y Pluspetrol— ninguna peruana. Se sabe poco sobre el impacto socioambiental real del proyecto. De forma recurrente se producen derrames, el último el pasado 1 de marzo. En salud, hay evidencia de altos niveles de mercurio entre la población Nahua, que un informe del Ministerio de Salud —nunca publicado y filtrado a The Guardian— vincula, entre diversas hipótesis, a un origen en el proyecto. La falta de información pública sobre estos impactos y la ausencia de monitoreo independiente impiden aplicar medidas de protección efectivas. Esta opacidad, tanto de las empresas como del gobierno, deja a las comunidades indígenas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Hemos podido presenciar historias personales aterradoras: derrames, ríos llenos de peces muertos y falta de reparación. Hemos visto cómo la construcción de un gasoducto destrozaba zonas principales de caza

Nuestra experiencia durante estos meses es, hasta que se analicen las muestras, cualitativa, pero no por ello menos importante de compartir. Hemos sido testigos de la enorme complejidad social asociada a este tipo de actividades industriales, en zonas donde las principales actividades económicas se limitan a la agricultura, la pesca y la caza de subsistencia. La extracción de gas crea relaciones complejas de dependencia y de poder desigual entre las empresas y las comunidades, en un contexto de ausencia del Estado y concesiones blindadas contractual y temporalmente, que ofrecen poco margen de negociación. También hemos visto cómo la entrada de divisas provenientes del proyecto rompía la cohesión social, principalmente en aquellas comunidades cercanas a los pozos. Hemos presenciado historias personales aterradoras: derrames, ríos llenos de peces muertos y falta de reparación. Además, hemos evidenciado un trato de infantilización hacia las comunidades cuando estas reiteran sus demandas ante las empresas, y, en general, una sensación de opacidad y falta de transparencia.

Gasoducto inconcluso y abandonado sobre terrenos de caza en la Comunidad Nativa de Camaná (Perú). Foto: Guilherme Queiroz.

Visto en perspectiva, Camisea es parte de un patrón que se repite a lo largo de la frontera extractiva, donde hoy un 20% de la región amazónica está concesionada para la exploración y extracción de combustibles fósiles. La carrera por encontrar nuevos yacimientos por parte del lobby fósil, ya sea en Venezuela, Nigeria o Perú, empuja a las empresas hacia territorios considerados, según la lógica neocolonial, como «inhabitados». A través de tratados de libre comercio desiguales y contratos que protegen a las empresas frente a cambios en las leyes ambientales y sociales de los países del Sur global, las grandes corporaciones, mayoritariamente con sede en el Norte global, aseguran el acceso a los recursos naturales. Estas reglas del juego favorecen un modelo de dependencia en el que los países ricos continúan extrayendo valor de las antiguas colonias, mientras que las comunidades locales e indígenas asumen los costos.

Estas reglas del juego favorecen un modelo de dependencia en el que los países ricos continúan extrayendo valor de las antiguas colonias, mientras que las comunidades indígenas asumen los costos

Las tácticas de la impunidad

Nuestro grupo de investigación, liderado por Cristina O’Callaghan-Gordo (ISGlobal/UOC) y Martí Orta-Martínez (Universitat de Barcelona), ha trabajado durante años de la mano de la población indígena en contextos extractivos. El equipo ha documentado niveles elevados de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en la población indígena y fauna cercana a zonas de extracción petrolera en el norte de la Amazonía peruana, donde regularmente se producen derrames de petróleo y aguas de producción contaminantes.

Estos impactos no son accidentales, sino que responden a una estrategia deliberada de no invertir en el mantenimiento de la infraestructura petrolera. En este sentido, recientemente el equipo de investigación publicó un artículo científico en el que se identifican estrategias de impunidad empleadas por las empresas para externalizar los costos sociales y ambientales asociados a sus actividades en dos concesiones petroleras de Perú.

En dos concesiones petroleras de Perú, hemos detectado que el 83 % de los 1.184 derrames y fugas identificadas terminan sin sanciones para las empresas

El estudio concluye que el 83 % de los 1.184 derrames y fugas identificadas terminan sin sanciones para las empresas. Estas prácticas incluyen, entre otras, la ocultación de información sobre derrames y la apelación judicial de todas aquellas resoluciones que les son desfavorables hasta que los casos administrativos expiran. El caso de Pluspetrol Norte S&A —parte del grupo empresarial que también opera en Camisea y una de las empresas con más multas por malas prácticas ambientales— es paradigmático. A pesar de ganar 437 millones de dólares en 2018, la empresa se negó a pagar las multas impuestas por el gobierno del Perú y, mediante una estrategia de liquidación empresarial, ha logrado desaparecer del mapa sin que se le puedan reclamar responsabilidades. 

En este contexto, es necesario cuestionar las actividades de empresas que vulneran las normativas ambientales y sociales y reformar los marcos legales, tanto nacionales como internacionales, que lo permiten.

Teniendo en cuenta que la quema de combustibles fósiles genera un 70 % de las emisiones antropogénicas de CO₂, dejar el petróleo o el gas sin extraer es imperativo, sobre todo en aquellas zonas donde los beneficios sociales y ambientales de hacerlo son mayores. Las decisiones que afecten los territorios de las comunidades indígenas deben respetar su soberanía y autonomía. Deben ser las comunidades las que determinen libremente cómo gestionar sus recursos y proteger su entorno, sin imposiciones externas ni coacciones. Garantizar este derecho no es solo una cuestión de justicia, sino un derecho fundamental para preservar la riqueza cultural, ambiental y los ecosistemas funcionales que aseguren la salud planetaria.